Reafirmamos que nuestra búsqueda es incansable, por ellos, hasta encontraros

Reafirmamos que nuestra búsqueda es incansable, por ellos, hasta encontrarlos

“Las palabras han dejado de tener sentido

ante el silencio que nos responde

al llamado que por tu nombre hacemos

en el vacío que nos dejó tu ausencia.”

Parras, Coahuila; a 24 de enero de 2020

Nos cuesta encontrar las palabras precisas para describir la sensación de vacío que ha quedado en nuestra familia. Para narrar el dolor que la ausencia deja a su paso. Para explicar la rabia que sentimos al escuchar a los gobiernos burlarse de nosotros diciendo que los están búsqueda. De sabernos incompleta como familia y de nuestra incapacidad de seguir sin poder encontrarlos. Pero no solo porque hemos usado todas las que conocemos, sino porque a la sociedad a la que le hablamos se mantiene con oídos sordos.

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Diez años en los que la incertidumbre se hizo costumbre

Han pasado diez años desde la desaparición forzada de Toño y de Toñín, a lo largo de este tiempo hemos realizado innumerables acciones para dar con su paradero sin tener un resultado efectivo.

Parras, Coahuila; a 24 de enero de 2019

El 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila, sujetos desconocidos, algunos con chalecos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), detuvieron a Antonio Verástegui González y a su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Por los hechos se presentó una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público del fuero común, quien nos informó que había desplegado un operativo para su búsqueda, situación que nunca ocurrió. Posteriormente se presentó una denuncia a nivel federal teniendo nulos resultados en una investigación realizada por agentes de la AFI.

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Carta pública al Gobierno de Nuevo León sobre la Comisión Local de Búsqueda

Ciudad de México; a 23 de junio de 2018

LIC. MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES

GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

El motivo de mi carta es en relación al proceso de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nuevo León, mismo que ha generado diversos pronunciamientos de importantes organizaciones de familiares de personas desaparecidas como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecido en Jalisco (FUNDEJ), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), y Colectivo Milynali red CFC. Estas organizaciones han cuestionado duramente el perfil de la persona elegida, así como el respaldo de AMORES, organización de familiares de personas desaparecidas en el estado.

Es preocupante que la Lic. María de la Luz Balderas, propuesta como titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nuevo León, se encuentre seriamente cuestionada por su ineficacia cuando estuvo a cargo de la investigación de casos de personas desaparecidas; además, por su aparente inacción en diligencias tendientes a la búsqueda en campo. La situación deja en un grado de completa deslegitimación el proceso de consolidación de la Comisión de Búsqueda, pero, sobre todo, afecta en la creación de confianza con los familiares de las víctimas.

El reto que representa la búsqueda de personas desaparecidas, así como la implementación de la Ley General en la materia, es mayúsculo. Solo se podrá sortear con el acompañamiento de las familias de las personas desaparecidas, quienes son una pieza imprescindible para la búsqueda y la creación de mecanismos y leyes que mitiguen el lastre que representan las desapariciones.

La idoneidad de la persona titular de la Comisión de Búsqueda es requisito fundamental para quien ocupe el cargo. Motivo por el que, ante señalamientos concretos sobre la falta de idoneidad de quien se ha propuesto, es preciso que se reponga el procedimiento de designación y se realice una comparecencia abierta en la que se incluyan representantes de las organizaciones de familiares en el Estado y a nivel nacional.

Lo anterior es primordial para que el proceso de institucionalidad sea acompañado por el principal sector interesado: los familiares de personas desaparecidas; además, para que sea un proceso de ejemplo nacional por sus buenas prácticas y apego a la Ley General; y no por ser un proceso rutinario y burocrático para cumplir requisitos legales. Y dado que, por su frontera con Coahuila, las decisiones que su gobierno tome afectan a quien tenemos familiares desaparecidos en Coahuila.

La decisión de no ratificar a la Lic. María de la Luz Balderas como titular de la Comisión de Búsqueda será esencial para demostrar que su gobierno tiene una visión de justicia y un interés real en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como la sensibilidad en la atención a las víctimas de este aberrante delito, y será grave el ratificarla, así como continuar con la prolongación de este proceso.

La búsqueda es algo fundamental que posiblemente se puede entender solo si se tiene un familiar desaparecido, pero es comprensible si se tiene un nivel intelectual y moral alto. Por ello, no tomar una decisión a la altura para contar con una institución funcional será no solo en demerito del gobierno que encabeza, sino que implicará el riesgo en la vida de miles de personas.

Sin más por el momento, me despido, quedando atento del nivel político de su respuesta.

Atentamente

Jorge Verástegui González

 

C.C.P.  Lic. Homero Antonio Cantú Ochoa Sub-secretario de la Sub-Secretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana

C.C.P.  Lic. Gabriel Deschamps Ruiz Sub-secretario de la Sub-Secretaría de Gobierno

C.C.P. Lic. Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

C.C.P.  Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

9 año de impunidad en la desaparición forzada de Antonio Verástegui González, y su hijo, Antonio de Jesús Verástegui Escobedo.

Hace nueve años fueron desaparecidos de manera forzada Antonio Verástegui González, y su hijo, Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, ellos al igual que miles de personas fueron víctimas de las políticas criminales del Estado mexicano. Gobiernos encabezados por Humberto y Rubén Moreira, y por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Han pasado nueve años en los que el Estado mexicano ha demostrado su negativa para encontrarlos y para sancionar a los responsables. Y que por el contrario han sido nueve años en los que hemos tenido que enfrentarlo para evitar que la impunidad que impera en México sea la losa que nos sepulte.

Hemos realizado una comunicación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que en México existe una política de Estado para desparecer personas y para garantizarle impunidad a, sus agentes y colaboradores, quienes han perpetrado estos crímenes. Una política que, además, nos genera una constante tortura, y que nos ha obligado a asumir las funciones del Estado en la búsqueda e investigación.

Este aniversario es también un recordatorio del sistema criminal que es el gobierno mexicano. Un sistema de protección a los perpetradores y de simulación de un Estado democrático de derecho. Un gobierno que como parte de su política generalizada busca la muerte de los familiares que buscamos, ya sea con el tiempo al administrar los casos o simular que investigan, o por las balas de sicarios al intentar silenciarnos.

No podemos perdonar a quienes han sido responsables de provocarnos este dolor tan grande. No podemos olvidar el dolor que nos han provocado. No podemos seguir sometidos a la simulación de un sistema de justicia que no existe. Es urgente la construcción de una forma de encontrar a quienes nos han quitado y cerrar este doloroso proceso. De romper ese pacto de silencio que el Estado mexicano mantiene.

Nueve años después seguimos buscando sin encontrar. Nos cansamos pero no podemos desistir en esta que es una búsqueda que nadie más hará. Alzamos nuevamente nuestra voz para exigir la presentación inmediata de Antonio Verástegui González, y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo.

Atentamente
Familia Verástegui González

Contacto: Jorge Verástegui González
contacto@jorgeverastegui.com

La simulación de la búsqueda, el legado de Rubén Moreira Valdez

Saltillo, Coahuila a; 30 noviembre de 2017

El día de hoy concluye la administración encabezada por Rubén Ignacio Moreira Valdez como Gobernador del Estado de Coahuila la que se caracteriza por no haber dado resultados efectivos en la búsqueda y localización de nuestros familiares que fueron desaparecidos antes y durante esta administración. Su administración solo deja un rastro de impunidad.

Para quienes tenemos la búsqueda de nuestros seres queridos no solo como prioridad sino como el centro de nuestra vida solo es posible evaluar el quehacer del Gobierno de Coahuila con un único indicador: la localización de nuestros familiares. El resto de las acciones pueden ser importantes, más cuando la gran mayoría de las políticas públicas adoptadas en Coahuila son gracias a las propuestas de los mismos familiares, pero nunca serán resultados.

Es preciso señalar que Moreira Valdez tuvo conocimiento de las graves deficiencias que ha arrastrado la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y no tomó acciones concretas y reales para cambiar esa situación y por el contrario permitió que continuara ese actuar omiso que generó no solo impunidad, sino que nuestros familiares siguieran desaparecidos.

Hoy, a la luz de la realidad, solo podemos decir que Rubén Moreira Valdez administró la grave problemática de las desapariciones generando mesas de diálogo y adoptando las recomendaciones de los familiares, de organizaciones y organismos internacionales, pero que no tuvo ningún resultado en la búsqueda de nuestros desaparecidos ni en la sanción a los responsables directos y las personas que, jurídicamente, tenían la responsabilidad de evitar que esto ocurriera.

Coahuila es un ejemplo de la simulación que se orquestó desde el Gobierno del Estado y que ha pretendido venderse como un estado pionero en el combate y atención de las desapariciones, cuando la realidad habla por sí misma. Hasta hoy se mantiene la opacidad en el número de personas localizadas, así como de las investigaciones que se integran por desaparición.

Nuestra búsqueda es incansable por lo que continuaran nuestras acciones hasta saber de nuestros familiares y no dejaremos de señalar a los responsables de las desapariciones, así como aquellos que las toleraron. Rubén Moreira, al igual que su hermano, deja a Coahuila con la deuda más grande: la desaparición de cientos de personas.

Atentamente

Jorge Verástegui González – Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas, A.C. – María de Los Ángeles Mendieta Quintana – María Luisa Lazarín Sierra – Griselda Ibón García Zapata – Rosalbina García – Luis Abra hambre Rodríguez Moreno – Carlos Alberto Rodríguez Moreno – Victor Rodríguez Hernández – Adriana Moreno Becerril

Un intento de reconstrucción

El 23 de junio se publicó, por segunda ocasión, la convocatoria para la primera designación de las personas que integraran la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Un espacio ciudadano que pretende fungir como un órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad civil y que idealmente tendría que erigirse como un contrapeso sumamente necesario frente a diferentes problemáticas que presenta la política pública de atención y reparación a víctimas.

Lo anterior debido a la crisis que vivimos en México desde hace más de diez años como consecuencia de una catastrófica estrategia de “seguridad” y la consecuente debilidad institucional generada por la inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia y la clara colusión del servicio público con el crimen organizado, lo que ha generado graves secuelas para miles de familias mexicanas y extranjeras, que hemos sido afectadas directa o indirectamente por un conflicto que no solo contraviene diferentes obligaciones adquiridas soberanamente por el Estado Mexicano en el ámbito internacional, sino que deja en entredicho incluso la eficacia y vigencia del marco constitucional y legal doméstico. Por eso creo que la integración –al menos a nivel consultivo- de la voz de personas que han sido víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, representantes de organizaciones de sociedad civil y personas de la academia con experiencia en temas relacionados con la atención a víctimas, es fundamental, aunque debe decirse, también tardía.

No nos es ajeno que nos encontramos en un estado de indefensión ante las acciones criminales de los grupos delictivos y de los servidores públicos de diferentes ámbitos, que cometen día a día crímenes atroces, que permanecen en absoluta impunidad, se magnifican y diversifican ante los ojos de todas y todos los mexicanos, mostrando que aun las instancias internacionales no tienen voz, porque existe una política negligente de negación y ocultamiento de la gravedad del conflicto que se vive en el país. No solo hemos sido privados de los más básicos derechos, al haber sido víctimas de crímenes y violaciones a los derechos humanos graves, sino que enfrentamos una negación absoluta de verdad y justicia, que se han convertido en nuestra batalla cotidiana.

Es por ello por lo que no se debe olvidar que, como resultado de la demanda de un amplio sector de la sociedad civil, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley General de Víctimas. Norma que pretendía ser una respuesta a la crisis en atención a las víctimas. El resultado lejos de ser el esperado terminó generando un sistema de revictimización, burocracia y clientelismo. Razón por la que la Ley tuvo que ser reformada en repetidas ocasiones y en la última integrar la noción de un contrapeso ciudadano.

Quienes operan las instituciones nos han demostrado en reiteradas ocasiones que no se puede confiar en su actuar en favor de las víctimas. Por ello se ha demandado insistentemente una supervisión ciudadana porque nadie conoce mejor las problemáticas prioritarias y necesidades del rubro que aquellas personas que llevamos años lidiando con esta desgracia llamada México. En este caso la creación y puesta en marcha de la Asamblea Consultiva se traduciría no solo en la participación directa en la implementación y evaluación de la política respectiva de los sujetos que más pueden aportar en su consolidación, sino también en asumir nuestra responsabilidad, como ciudadanos, para el restablecimiento de un Estado democrático y de derecho.

Estoy convencido y consciente de la ausencia de representatividad de las instituciones mexicanas, de su falta de comprensión respecto de las víctimas y la enorme diversidad de conflictos que tal grupo representa y de la debilidad institucional que existe. Pero también de la responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil. Por ello, me postulé para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al considerar que cumplo con el perfil necesario para participar en esa idea de atención y reconstrucción de lo que llamamos México.

Sobre CEAV

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nace como resultado de la Ley General de Víctimas (LGV) en un intento de ser una institución de defensa de las personas que, por las omisiones del Estado o por sus acciones criminales, se han visto vulneradas en su vida y en sus derechos.

Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federal, en enero 2013, hasta la fecha, la CEAV se convirtió en una nueva estación en el calvario de las víctimas. La instancia que se pretendía ser aliada terminó siendo otro organismo victimizante. Al grado de pedirles a las víctimas que demostraran, ellas, el grado de afectación que el hecho les había causado. O pedir una identificación oficial mexicana o una víctima de otra nacionalidad.

A finales de 2016, la CEAV funcionaba con solo cuatro de las seis personas que deberían fungir como comisionadas. Ninguna de estas personas demostró un actuar en favor de las víctimas. Los últimos meses del año fueron, hasta ahora, los de mayor deterioro y perjuicio para las víctimas, principalmente para las de violaciones a derechos humanos.

Hoy estamos en el proceso de elección de la nueva persona que ocupará el cargo, en un nuevo modelo unipersonal y ya no colegiado,  y que será la encargada de hacer funcionar la instancia que hace cinco años se diseño, el organismo público que debería atender efectivamente a las víctimas.

Se puede decir que el proceso se vio cooptado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Las dos personas que lideran las “preferencias” (de SEGOB) son cercanas a la función pública federal, uno fue comisionado de CEAV y la otra es servidora público federal adscrita a SEGOB. Ambas personas con relativos apoyos de sectores de víctimas.

La LGV se tuvo que reformar, como otro intento, para mejor su funcionamiento. Lo anterior no funcionaba. Pero fue una reforma lejana de los actores central: las víctimas. La CEAV-LVG es un proceso que no debe repetirse en las mismas condiciones, que debe dar un giro en el que las víctimas sean el punto central y no una decoración estética que legitime el actuar del Estado.

La CEAV necesita cambiar desde sus cimientos y no me refiero al texto de la Ley sino al personal. Es necesario un personal con capacidad humana de comprensión, de dimensionar el sufrimiento de una víctima. Tiene que tomar la mano de todas esas personas a las que debe atender, debe prestar sus oídos a sus demandas y sus fuerzas a sus actuaciones.

Comunicado a 8 años de la desaparición de Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo

El 24 enero de 2009, alrededor de las 23:30 horas, en un camino rural de Parras, Coahuila, un grupo de civiles armados, presuntamente perteneciente a Los Zetas, en estrecha coordinación con autoridades locales, desaparecieron de manera forzada a Antonio Verástegui González, de 51 años, y a su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, de 18 años.

Los esfuerzos de nuestra familia continúan sin tener resultado efectivo. La criminalidad e impunidad no permiten acceder a una búsqueda real y efectiva. Las acciones del Gobierno del Estado de Coahuila son discursivas y de simulación. La protección de la actual administración con la anterior es la innegable consecuencia de una continuidad.

Aunque los servidores públicos que entorpecieron y dilataron por años nuestro caso ya no se encuentran en la Subprocuraduría, al ser premiados con un mejor cargo, los cambios en la investigación continúan sin hacerse presentes y la búsqueda es simulada.

Han pasado ocho años desde que terminó la tranquilidad en nuestra vida e inició una pesadilla en la que hemos conocido el desprecio por lo humano. Nos hemos enfrentado a la barbarie. Ocho años en los que vimos cómo Coahuila se transformó en un campo de exterminio. Ocho años en los que nos quedó clara la complicidad gubernamental y el uso del discurso para acallar voces disidentes.

Cada día es más doloroso y pesado que el anterior. Nos cansamos, pero sabemos que si permitimos que el agotamiento nos venza, el Estado habrá ganado: habrá desaparecido por completo a Toño y a Toñín. Si dejamos de buscar, nadie más lo hará. Si cerramos la boca, nadie más gritará sus nombres. Si morimos, ellos morirán con nosotros. Por ellos continuamos.

Nuestra búsqueda es incansable y sabemos que un día les tendremos de regreso en casa, en nuestros brazos como en el corazón del que nunca se han ido.

Agradecemos el apoyo de las personas que nos han acompañado a lo largo de estos ocho años, a quienes se han sensibilizado frente a nuestro dolor y nos han dado las fuerzas para continuar.

Atentamente, familia Verástegui González

La simulación como estrategia del gobierno de Coahuila

Hoy se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, un delito que cuando es perpetrado de forma generalizada o sistemática se considera un delito de lesa humanidad.

En México existe un número indeterminado de personas de las cuales su paradero se desconoce a consecuencia de ser víctimas de una conducta criminal consistente en la privación de la libertad por sujetos que cuentan con el apoyo o la omisión de los gobiernos estatales y el federal.

Coahuila se ha convertido en un ejemplo de la práctica de la desaparición de personas y de una estrategia de simulación enmarcada desde un discurso de derechos humanos. Un discurso formado por letras y palabras pero carente de hechos concretos y ausente de una verdadera voluntad política.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) da cuenta que en Coahuila se tiene reportada la desaparición de 1,480 personas; De las cuales 65 se encuentran en el fuero federal y 1,415 en el fuero común.

Pero cuando se pregunta al gobierno de Coahuila cuántas de las 1,480 personas registradas en el RNPED son a consecuencia de la comisión de un delito, es decir, si fueron víctimas de una acción criminal, el gobierno de Coahuila dice no tener la información al no hacer diferencia entre personas desaparecidas por un hecho catalogado como delito o por la ausencia voluntaria o el extravío de ésta.

En Coahuila, el gobierno del discurso de los derechos humanos, no hace una distinción que sin duda es fundamental para la investigación penal y sobre todo para facilitar la búsqueda de aquellas personas sometidas a desaparición. La pregunta que surge es ¿por qué no lo hace?

La respuesta puede formularse a partir de una realidad innegable: la responsabilidad que tuvieron los servidores públicos de alto nivel del gobierno de Coahuila en la comisión u omisión de los hechos.

Quienes sabemos del tema entendemos que una investigación criminal seguida por desaparición forzada implica no solo “descubrir” y sancionar a las personas que detuvieron o privaron de la libertad a la víctima desaparecida sino también a todas aquellas personas que desde la estructura institucional facilitaron esas conductas o incluso dieron la orden de hacerlo.

Puede ser que las implicaciones de realizar una verdadera investigación sean tan graves para quienes ostentan el poder que el gobierno de Coahuila ha optado por la simulación como plan estratégico y prioritario de gobierno.

Esas complicaciones que se traducen es acciones criminales son las que hoy impiden hablar de justicia o, para ser más benévolo, de procesos penales efectivos. Quizás esa es la razón por la cual desde la tipificación del tipo penal de desaparición forzada (2012) a la fecha solo existen dos procesos penales con nueve personas señaladas como presuntos responsables por ese delito.

Esperar una respuesta efectiva del gobierno de Coahuila, a menos de dos años de terminar la actual administración, no es más que ingenuidad que cuando va acompañada de silencio permisivo deja de ser ingenuidad para convertirse en cómplice.

Por ello y ante la realidad innegable que vivimos en México, el silencio se convierte en un cómplice que ayuda a mantener desaparecidas a miles de personas. La denuncia pública se convierte hoy en un instrumento de resistencia y dignidad, la esperanza de volver a verles, de no sucumbir ante la desaparición, de poder decir con dignidad: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La inquebrantable presencia de la impunidad: siete años después de la desaparición forzada de Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo

Parras, Coahuila; a 23 enero 2016

El 24 de enero de hace siete años, en Parras, Coahuila, fueron desaparecidos de manera forzada Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo en manos de sujetos armados que operaban al menos con la tolerancia de las policías Municipal y del Estado, desde ese momento no los volvimos a ver.

Esos años han servido para ratificar la impunidad imperante en Coahuila. La ausencia de un compromiso real por procurar justicia. La realidad de poder sobrevivir con la ausencia forzada de dos seres queridos. Pero sobre todo de la permanencia, pese a todo, de volverlos a tener de regreso en casa.

Las reuniones mensuales con el entonces Fiscal General del Estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, después con el Gobernador en turno, Humberto Moreira Valdés (ahora sujeto a un proceso penal por presuntas acciones criminales), las tortuosas e infructuosas reuniones con los Ministerios Públicos, han tenido un mismo resultado: la no presentación con vida de nuestros familiares.

La responsabilidad institucional del Gobierno del estado de Coahuila permanece en el tiempo, pero también la de personas como Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López (también sujeto a un proceso penal por presuntas acciones criminales) y ahora de Rubén Ignacio Moreira Valdés, que al menos han omitido garantizar un acceso real a la justicia.

Lejos de encontrar una acción en favor de la justicia hemos tenido que enfrentar las acciones del Ministerio Público (MP) que, sin profesionalismo y ausente de ética, ha presentado hipótesis sin sustento para cerrar el caso. Acción encabezada por el actual titular de la Subprocuraduría de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, y con la mirada tolerante del Gobernador. Situación que obligó a la intervención del Grupo Autónomo de Trabajo y de la Comisión Ejecutividad de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila, que desestimaron las infundadas acciones del MP y lo obligaron a tomar en cuenta las planteadas por la familia desde el inicio de la investigación en las que se apunta a la responsabilidad del Estado en la desaparición.

Por ello, hoy más que nunca confiamos en la justicia internacional, no solo por los recientes acontecimientos sino porque después de 4 años de la actual administración estatal, en la que no teníamos confianza, es evidente que en Coahuila solo se procura impunidad que se disfraza de un discurso de derechos humanos, y la que federación por su parte tolerando las graves omisiones de la autoridad local.

Han pasado siete años, difícil de escribir, pronunciar y vivir, pero no ha pasado la esperanza de un día tener a Antonio y Antonio de Jesús de regreso en casa. Mientras tanto, y a pesar de las circunstancias de impunidad, seguiremos exigiendo su presentación con vida y seguiremos nombrándolos para hacerlos presentes.

Fam. Verástegui González