Categoría: Comunicados

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Ciudad de México; a 23 de junio de 2018

LIC. MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES

GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

El motivo de mi carta es en relación al proceso de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nuevo León, mismo que ha generado diversos pronunciamientos de importantes organizaciones de familiares de personas desaparecidas como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecido en Jalisco (FUNDEJ), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), y Colectivo Milynali red CFC. Estas organizaciones han cuestionado duramente el perfil de la persona elegida, así como el respaldo de AMORES, organización de familiares de personas desaparecidas en el estado.

Es preocupante que la Lic. María de la Luz Balderas, propuesta como titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nuevo León, se encuentre seriamente cuestionada por su ineficacia cuando estuvo a cargo de la investigación de casos de personas desaparecidas; además, por su aparente inacción en diligencias tendientes a la búsqueda en campo. La situación deja en un grado de completa deslegitimación el proceso de consolidación de la Comisión de Búsqueda, pero, sobre todo, afecta en la creación de confianza con los familiares de las víctimas.

El reto que representa la búsqueda de personas desaparecidas, así como la implementación de la Ley General en la materia, es mayúsculo. Solo se podrá sortear con el acompañamiento de las familias de las personas desaparecidas, quienes son una pieza imprescindible para la búsqueda y la creación de mecanismos y leyes que mitiguen el lastre que representan las desapariciones.

La idoneidad de la persona titular de la Comisión de Búsqueda es requisito fundamental para quien ocupe el cargo. Motivo por el que, ante señalamientos concretos sobre la falta de idoneidad de quien se ha propuesto, es preciso que se reponga el procedimiento de designación y se realice una comparecencia abierta en la que se incluyan representantes de las organizaciones de familiares en el Estado y a nivel nacional.

Lo anterior es primordial para que el proceso de institucionalidad sea acompañado por el principal sector interesado: los familiares de personas desaparecidas; además, para que sea un proceso de ejemplo nacional por sus buenas prácticas y apego a la Ley General; y no por ser un proceso rutinario y burocrático para cumplir requisitos legales. Y dado que, por su frontera con Coahuila, las decisiones que su gobierno tome afectan a quien tenemos familiares desaparecidos en Coahuila.

La decisión de no ratificar a la Lic. María de la Luz Balderas como titular de la Comisión de Búsqueda será esencial para demostrar que su gobierno tiene una visión de justicia y un interés real en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como la sensibilidad en la atención a las víctimas de este aberrante delito, y será grave el ratificarla, así como continuar con la prolongación de este proceso.

La búsqueda es algo fundamental que posiblemente se puede entender solo si se tiene un familiar desaparecido, pero es comprensible si se tiene un nivel intelectual y moral alto. Por ello, no tomar una decisión a la altura para contar con una institución funcional será no solo en demerito del gobierno que encabeza, sino que implicará el riesgo en la vida de miles de personas.

Sin más por el momento, me despido, quedando atento del nivel político de su respuesta.

Atentamente

Jorge Verástegui González

C.C.P.  Lic. Homero Antonio Cantú Ochoa Sub-secretario de la Sub-Secretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana

C.C.P.  Lic. Gabriel Deschamps Ruiz Sub-secretario de la Sub-Secretaría de Gobierno

C.C.P. Lic. Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

C.C.P.  Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

Saltillo, Coahuila a; 30 noviembre de 2017

El día de hoy concluye la administración encabezada por Rubén Ignacio Moreira Valdez como Gobernador del Estado de Coahuila la que se caracteriza por no haber dado resultados efectivos en la búsqueda y localización de nuestros familiares que fueron desaparecidos antes y durante esta administración. Su administración solo deja un rastro de impunidad.

Para quienes tenemos la búsqueda de nuestros seres queridos no solo como prioridad sino como el centro de nuestra vida solo es posible evaluar el quehacer del Gobierno de Coahuila con un único indicador: la localización de nuestros familiares. El resto de las acciones pueden ser importantes, más cuando la gran mayoría de las políticas públicas adoptadas en Coahuila son gracias a las propuestas de los mismos familiares, pero nunca serán resultados.

Es preciso señalar que Moreira Valdez tuvo conocimiento de las graves deficiencias que ha arrastrado la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y no tomó acciones concretas y reales para cambiar esa situación y por el contrario permitió que continuara ese actuar omiso que generó no solo impunidad, sino que nuestros familiares siguieran desaparecidos.

Hoy, a la luz de la realidad, solo podemos decir que Rubén Moreira Valdez administró la grave problemática de las desapariciones generando mesas de diálogo y adoptando las recomendaciones de los familiares, de organizaciones y organismos internacionales, pero que no tuvo ningún resultado en la búsqueda de nuestros desaparecidos ni en la sanción a los responsables directos y las personas que, jurídicamente, tenían la responsabilidad de evitar que esto ocurriera.

Coahuila es un ejemplo de la simulación que se orquestó desde el Gobierno del Estado y que ha pretendido venderse como un estado pionero en el combate y atención de las desapariciones, cuando la realidad habla por sí misma. Hasta hoy se mantiene la opacidad en el número de personas localizadas, así como de las investigaciones que se integran por desaparición.

Nuestra búsqueda es incansable por lo que continuaran nuestras acciones hasta saber de nuestros familiares y no dejaremos de señalar a los responsables de las desapariciones, así como aquellos que las toleraron. Rubén Moreira, al igual que su hermano, deja a Coahuila con la deuda más grande: la desaparición de cientos de personas.

Atentamente

Jorge Verástegui González – Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas, A.C. – María de Los Ángeles Mendieta Quintana – María Luisa Lazarín Sierra – Griselda Ibón García Zapata – Rosalbina García – Luis Abra hambre Rodríguez Moreno – Carlos Alberto Rodríguez Moreno – Victor Rodríguez Hernández – Adriana Moreno Becerril

El 23 de junio se publicó, por segunda ocasión, la convocatoria para la primera designación de las personas que integraran la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Un espacio ciudadano que pretende fungir como un órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad civil y que idealmente tendría que erigirse como un contrapeso sumamente necesario frente a diferentes problemáticas que presenta la política pública de atención y reparación a víctimas.

Lo anterior debido a la crisis que vivimos en México desde hace más de diez años como consecuencia de una catastrófica estrategia de “seguridad” y la consecuente debilidad institucional generada por la inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia y la clara colusión del servicio público con el crimen organizado, lo que ha generado graves secuelas para miles de familias mexicanas y extranjeras, que hemos sido afectadas directa o indirectamente por un conflicto que no solo contraviene diferentes obligaciones adquiridas soberanamente por el Estado Mexicano en el ámbito internacional, sino que deja en entredicho incluso la eficacia y vigencia del marco constitucional y legal doméstico. Por eso creo que la integración –al menos a nivel consultivo- de la voz de personas que han sido víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, representantes de organizaciones de sociedad civil y personas de la academia con experiencia en temas relacionados con la atención a víctimas, es fundamental, aunque debe decirse, también tardía.

No nos es ajeno que nos encontramos en un estado de indefensión ante las acciones criminales de los grupos delictivos y de los servidores públicos de diferentes ámbitos, que cometen día a día crímenes atroces, que permanecen en absoluta impunidad, se magnifican y diversifican ante los ojos de todas y todos los mexicanos, mostrando que aun las instancias internacionales no tienen voz, porque existe una política negligente de negación y ocultamiento de la gravedad del conflicto que se vive en el país. No solo hemos sido privados de los más básicos derechos, al haber sido víctimas de crímenes y violaciones a los derechos humanos graves, sino que enfrentamos una negación absoluta de verdad y justicia, que se han convertido en nuestra batalla cotidiana.

Es por ello por lo que no se debe olvidar que, como resultado de la demanda de un amplio sector de la sociedad civil, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley General de Víctimas. Norma que pretendía ser una respuesta a la crisis en atención a las víctimas. El resultado lejos de ser el esperado terminó generando un sistema de revictimización, burocracia y clientelismo. Razón por la que la Ley tuvo que ser reformada en repetidas ocasiones y en la última integrar la noción de un contrapeso ciudadano.

Quienes operan las instituciones nos han demostrado en reiteradas ocasiones que no se puede confiar en su actuar en favor de las víctimas. Por ello se ha demandado insistentemente una supervisión ciudadana porque nadie conoce mejor las problemáticas prioritarias y necesidades del rubro que aquellas personas que llevamos años lidiando con esta desgracia llamada México. En este caso la creación y puesta en marcha de la Asamblea Consultiva se traduciría no solo en la participación directa en la implementación y evaluación de la política respectiva de los sujetos que más pueden aportar en su consolidación, sino también en asumir nuestra responsabilidad, como ciudadanos, para el restablecimiento de un Estado democrático y de derecho.

Estoy convencido y consciente de la ausencia de representatividad de las instituciones mexicanas, de su falta de comprensión respecto de las víctimas y la enorme diversidad de conflictos que tal grupo representa y de la debilidad institucional que existe. Pero también de la responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil. Por ello, me postulé para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al considerar que cumplo con el perfil necesario para participar en esa idea de atención y reconstrucción de lo que llamamos México.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nace como resultado de la Ley General de Víctimas (LGV) en un intento de ser una institución de defensa de las personas que, por las omisiones del Estado o por sus acciones criminales, se han visto vulneradas en su vida y en sus derechos.

Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federal, en enero 2013, hasta la fecha, la CEAV se convirtió en una nueva estación en el calvario de las víctimas. La instancia que se pretendía ser aliada terminó siendo otro organismo victimizante. Al grado de pedirles a las víctimas que demostraran, ellas, el grado de afectación que el hecho les había causado. O pedir una identificación oficial mexicana o una víctima de otra nacionalidad.

A finales de 2016, la CEAV funcionaba con solo cuatro de las seis personas que deberían fungir como comisionadas. Ninguna de estas personas demostró un actuar en favor de las víctimas. Los últimos meses del año fueron, hasta ahora, los de mayor deterioro y perjuicio para las víctimas, principalmente para las de violaciones a derechos humanos.

Hoy estamos en el proceso de elección de la nueva persona que ocupará el cargo, en un nuevo modelo unipersonal y ya no colegiado,  y que será la encargada de hacer funcionar la instancia que hace cinco años se diseño, el organismo público que debería atender efectivamente a las víctimas.

Se puede decir que el proceso se vio cooptado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Las dos personas que lideran las “preferencias” (de SEGOB) son cercanas a la función pública federal, uno fue comisionado de CEAV y la otra es servidora público federal adscrita a SEGOB. Ambas personas con relativos apoyos de sectores de víctimas.

La LGV se tuvo que reformar, como otro intento, para mejor su funcionamiento. Lo anterior no funcionaba. Pero fue una reforma lejana de los actores central: las víctimas. La CEAV-LVG es un proceso que no debe repetirse en las mismas condiciones, que debe dar un giro en el que las víctimas sean el punto central y no una decoración estética que legitime el actuar del Estado.

La CEAV necesita cambiar desde sus cimientos y no me refiero al texto de la Ley sino al personal. Es necesario un personal con capacidad humana de comprensión, de dimensionar el sufrimiento de una víctima. Tiene que tomar la mano de todas esas personas a las que debe atender, debe prestar sus oídos a sus demandas y sus fuerzas a sus actuaciones.