Posicionar la crisis que vivíamos frente a las desapariciones masivas que estaban ocurriendo en el país, y ante la ausencia de respuestas efectivas del Estado para la búsqueda e investigación, fue una meta que en 2009 nos pusimos en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), esto como parte de nuestras exigencias en un México que se negaba a escuchar sobre personas desaparecidas.
En 2012, hace nueve años, en FUUNDEC se decidió resignificar el 10 de mayo como un día de lucha, un día en el que no había nada que festejar pues nos faltaban ellas y ellos. De ahí nació la idea de hacer la Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia, una marcha/caravana que saliera de los diferentes estados (Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León, así como de algunos lugares de Centroamérica) en los que nos encontrábamos con destino a la Ciudad de México, la capital del país, con la intención de posicionar una serie de demandas al Estado mexicano.
La Marcha de la Dignidad Nacional se planteó con la finalidad de «alzar nuestro clamor de justicia con la esperanza de que retumbe en todos los corazones e instituciones y rompa los yugos a los que tienen sometidos a nuestros hijos e hijas, quienes de manera forzada fueron arrancados de nuestras vidas.»[1] Es decir, de posicionar una demanda muy concreta al Estado: encontrarles.
Por ello se le formuló al Estado una serie de demandas para atender la crisis:
- Búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, 2. Conformación de una base de datos nacional de personas desaparecidas, 3. Atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones, 4. Creación de una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, 5. Creación e implementación de protocolos de investigación para personas desaparecidas, 6. Implementación de un Programa Federal de Atención Integral a las familias de personas desaparecidas; 7. Aceptar las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas.
La exigencia de encontrarles se mantiene después de tantos años y se replica en miles de familias que tienen un ser querido desaparecido. La búsqueda efectiva continúa siendo uno de los grandes pendientes del Estado mexicano. Las desapariciones se mantienen, no solo porque las personas no han sido localizadas, sino porque siguen desapareciendo en total impunidad. La falta de coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda impide ejecutar acciones efectivas, y la poca consolidación de las Comisiones de Búsqueda imposibilita que la búsqueda se cristalice como una acción del Estado.
Con la publicación de la Ley General en la materia se esperaba tener un Sistema Nacional de Búsqueda que pudiera tener herramientas nacionales como los registros nacionales, mismos que hasta ahora están ausentes y aunque en enero el Gobierno Federal estimó que existían 61, 637 personal registradas como desaparecidas, es imposible verificar el dato toda vez que no existe un registro público para confrontarlo. Una demanda que se mantiene pendiente.
Ante las incapacidades, la complicidad con el crimen organizado, e incluso la falta de recursos de las autoridades locales se mantiene vigente la exigencia para que la federación asuma el liderazgo y su responsabilidad ante la tragedia que se vive. La Fiscalía General de la República insiste en no asumir las investigaciones de personas desaparecidas en los que claramente ha participado la delincuencia organizada o en los que las autoridades locales están involucradas o han generado una dilación cómplice, lo que genera que las personas y las instituciones responsables de las desapariciones, sean las mismas que investiguen. Se mantiene una política de impunidad.
Aunque se logró tener una fiscalía especializada para la investigación de las desapariciones, la atención de los casos pasa por la política de impunidad y la burocracia interpretativa de las competencias para no asumir una verdadera investigación federal en estos casos. Ejemplo de ello fue la propuesta de Plan de Persecución penal que la Fiscalía General de la República presentó al Senado de la República en el que decidió incluir las desapariciones forzadas, dejando de lado las desapariciones cometidas por particulares, mismas que en su mayoría han sido cometidas por grupos de delincuencia organizada.
Con la publicación de la Ley General se ha mandatado a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda para emitir protocolos de investigación y búsqueda respectivamente. A la fecha se cuenta con el protocolo de investigación que fue producto de un desafortunado proceso en el que la consulta resultó más aparente que real, y sigue siendo un documento inexistente para muchos agentes del Ministerio Público. Actualmente el protocolo de búsqueda está en consulta con el reto de poder integrar todos los comentarios de las familias y las personas expertas en el tema.
Por su parte, la atención a víctimas ha pasado por diferentes modelos, desde las oficinas de atención de cada dependencia, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y finalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esta última dependencia, lejos de reflejar el sentido de su creación terminó siendo una dependencia que litiga contra las víctimas, que las revictimiza y victimizándose señala que las víctimas «creen que somos la Lotería». Esto solo a nivel federal, pues en los estados existen CEAV que no cuentan con recursos para la atención de las víctimas, mientras que en otros no ha sido creada.
Finalmente, el Estado mexicano ha señalado que se encuentra atendiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, sin embargo, sus respuestas al Grupo de Trabajo siguen siendo superficiales sin entrar realmente en la causa que da origen a las recomendaciones. Incluso, el Estado se ha negado en la práctica a aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas dilatando durante años el proceso para lograrlo, aun cuando el Presidente López Obrador señaló que se haría. Lo que refleja una política de simulación en la que hay un cambio discursivo, pero en lo concreto se mantiene la ausencia de acciones reales.
Nueve años después de la primera convocatoria a la Marcha de la Dignidad Nacional, el 10 de mayo en México se ha convertido en un día de lucha, un día resignificado por las familias de personas desaparecidas. No es un día para festejar, es un día para exigir al Estado, nuevamente, que asuma su responsabilidad y entregue a todas las personas que fueron desaparecidas a sus familias. No es un día de emotivos mensajes, sino para señalar las obligaciones de las autoridades. Se ha convertido en un día con una gran carga política.
La pandemia se ha levantado como un nuevo obstáculo para la búsqueda, hay familias que les es imposible salir y otras que no tienen alternativa de quedarse en casa. La búsqueda continúa en tiempos de pandemia, con quienes se mantienen en campo y quienes realizan la exigencia al Estado para adelantar todos los pendientes que tiene. El 10 de mayo es un día en el que se verá salir nuevamente a las calles para exigir la presentación de sus hijas e hijos.
Si las familias no realizamos la búsqueda nadie lo hará, por eso quedarse en casa nunca ha sido una alternativa y por ello se han diseñado diversas estrategias para la búsqueda. No nos quedamos en casa, les seguimos buscando y saldremos hasta que les encontremos.
[1] Turati, Marcela (2012). Marcharán el 10 de mayo en el DF madres “sin hijos” de todo el país, en Proceso, 28 de abril. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/305789/marcharan-el-10-de-mayo-madres-sin-hijos
Jorge Verástegui González 