México en los últimos 12 años se ha convertido en un país de muerte y desaparición. En el país se han registrado cifras de víctimas similares a la de los países que se encuentran en guerra. Se han registrado más de 250 mil personas asesinadas y, oficialmente, se reportan unas 40 mil personas desaparecidas.
Las desapariciones más visibles han sido aquellas desapariciones en las que han participado activamente policías municipales, estatales o federales, con el Ejército o la Marina. Estos casos se han hecho emblemáticos de una serie de casos que se cuentan por centenares. Pero no quedan en el olvido los casos en los que los grupos armados, con tolerancia del Estado, se han dedicado a desaparecer personas.
Frente al evidente fracaso en materia de seguridad que hemos vivido en los últimos años, se yergue el inoperante sistema de procuración de justicia. Un sistema que se ha convertido en el aliado perfecto de los perpetradores al garantizarles completa impunidad, y que se ha convertido en el verdugo de cientos de familias de personas desaparecidas.
El sistema de impunidad se ha afianzado sobre el discurso (o el pretexto) del federalismo. Que se ha traducido en una lucha de competencias entre la Federación y los estados. Y en la reiterada posición del gobierno federal de asegurar que es un asunto que les corresponde a los Estados, aun cuando a quedado claro que no lo están haciendo.
Lo que parecería un problema jurídico termina por convertirse en un limbo para los derechos humanos, y principalmente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Pues al final, la búsqueda de las personas desaparecidas queda a merced de un gobierno que durante años ha hecho todo para no encontrar a las víctimas.
Ejemplo de ello son las investigaciones que se inician por la desaparición de una persona y que se van acumulando en los ministerios públicos locales. Expedientes que se van acumulando por años sin respuesta alguna. Consumando finalmente la desaparición en una responsabilidad conjunta entre los gobiernos locales y el gobierno federal.
Una de las principales exigencias de los familiares de personas desaparecidas ha sido la federalización de la búsqueda de las personas desaparecidas como una acción subsidiaria por parte de la federación ante la actitud de los Estados. Esta discusión se dio airadamente en el Senado de la República, durante la discusión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Durante la creación de la Ley General se expusieron los argumentos para que la búsqueda de las personas desaparecidas fuera una tarea federal. Y aunque los representantes del Ejecutivo Federal convinieron sobre la situación de inoperancia e impunidad en los Estados, se mantuvieron en la postura simplista de que los Estados tenían que asumir su responsabilidad.
El marcado desinterés del gobierno federal trajo consigo la imposición de un sistema que ya había mostrado su fracaso con el sistema de víctimas. Así pues, al final, y sin tomar en consideración los hechos, se modificó la propuesta de crear una Comisión Nacional de Búsqueda, como un único órgano del Estado encargado de implementar las acciones de búsqueda, e incluso fueron más allá y rechazaron la posibilidad de que tuviera grupos operativos.
Al final, como sabemos, quedó una propuesta desmembrada que dio origen a Comisión de Búsqueda Federal y a 32 Comisiones Locales de Búsqueda. Un diseño que “garantizaba” y «priorizaba» el federalismo sobre una solución a una crisis nacional. Quedando nuevamente la búsqueda a cargo de los mismos gobiernos locales que no han detonado acciones reales de búsqueda.
Pero con la Ley General la búsqueda pasó de una mera demanda por parte de las familias a formar parte del jurídico mexicano. Una acción que de origen se preveía centralizada y que al final termina siendo no una acción “conjunta, coordinada y simultánea”, sino una acción dispersa entre un conjunto de autoridades federales y locales. Una acción que se reescribe en la fallida coordinación que no se ha logrado concretar en los últimos diez años.
Esta dispersión de la que hablo se puede ver en las discusiones que hoy se tiene en el marco de la implementación de la Ley General, por ejemplo, la discusión de la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una discusión que, quizás por la ignorancia del espíritu de la Ley General, no se entendió que se trataba de un registro central y no una serie de registros para acabar con 33 registros, que lo único que trae consigo es la dispersión de la información.
La nueva administración federal, que asume la existencia de una crisis, que declarar todo el apoyo institucional a la Comisión Nacional de Búsqueda y hace un llamado a los estados para trabajar en conjunto, tiene el reto de hacer que funcione un sistema con fallas de origen en medio de una falla sistemática del Estado mexicano en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Ante eso, valdría la pena preguntarse si es necesario replantear el sistema de búsqueda o con ello tomar medidas reales para la búsqueda. Si no, podríamos quedar en una situación como la del caso Coahuila, caracterizado por la simulación en la búsqueda, pero con un amplio discurso en la búsqueda de personas desaparecidas.
Sería necesario reflexionar, en este momento del país, sobre lo necesario de rescatar la discusión (perdida en su momento) sobre la federalización de la búsqueda de las personas desaparecidas y con ello dar un giro en el timón para dejar de navegar en la simulación de la búsqueda, y finalmente encontrarles. Sino seguiremos condenando la búsqueda al fracaso.
Jorge Verástegui González 