El 23 de junio se publicó, por segunda ocasión, la convocatoria para la primera designación de las personas que integraran la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Un espacio ciudadano que pretende fungir como un órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad civil y que idealmente tendría que erigirse como un contrapeso sumamente necesario frente a diferentes problemáticas que presenta la política pública de atención y reparación a víctimas.
Lo anterior debido a la crisis que vivimos en México desde hace más de diez años como consecuencia de una catastrófica estrategia de “seguridad” y la consecuente debilidad institucional generada por la inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia y la clara colusión del servicio público con el crimen organizado, lo que ha generado graves secuelas para miles de familias mexicanas y extranjeras, que hemos sido afectadas directa o indirectamente por un conflicto que no solo contraviene diferentes obligaciones adquiridas soberanamente por el Estado Mexicano en el ámbito internacional, sino que deja en entredicho incluso la eficacia y vigencia del marco constitucional y legal doméstico. Por eso creo que la integración –al menos a nivel consultivo- de la voz de personas que han sido víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, representantes de organizaciones de sociedad civil y personas de la academia con experiencia en temas relacionados con la atención a víctimas, es fundamental, aunque debe decirse, también tardía.
No nos es ajeno que nos encontramos en un estado de indefensión ante las acciones criminales de los grupos delictivos y de los servidores públicos de diferentes ámbitos, que cometen día a día crímenes atroces, que permanecen en absoluta impunidad, se magnifican y diversifican ante los ojos de todas y todos los mexicanos, mostrando que aun las instancias internacionales no tienen voz, porque existe una política negligente de negación y ocultamiento de la gravedad del conflicto que se vive en el país. No solo hemos sido privados de los más básicos derechos, al haber sido víctimas de crímenes y violaciones a los derechos humanos graves, sino que enfrentamos una negación absoluta de verdad y justicia, que se han convertido en nuestra batalla cotidiana.
Es por ello por lo que no se debe olvidar que, como resultado de la demanda de un amplio sector de la sociedad civil, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley General de Víctimas. Norma que pretendía ser una respuesta a la crisis en atención a las víctimas. El resultado lejos de ser el esperado terminó generando un sistema de revictimización, burocracia y clientelismo. Razón por la que la Ley tuvo que ser reformada en repetidas ocasiones y en la última integrar la noción de un contrapeso ciudadano.
Quienes operan las instituciones nos han demostrado en reiteradas ocasiones que no se puede confiar en su actuar en favor de las víctimas. Por ello se ha demandado insistentemente una supervisión ciudadana porque nadie conoce mejor las problemáticas prioritarias y necesidades del rubro que aquellas personas que llevamos años lidiando con esta desgracia llamada México. En este caso la creación y puesta en marcha de la Asamblea Consultiva se traduciría no solo en la participación directa en la implementación y evaluación de la política respectiva de los sujetos que más pueden aportar en su consolidación, sino también en asumir nuestra responsabilidad, como ciudadanos, para el restablecimiento de un Estado democrático y de derecho.
Estoy convencido y consciente de la ausencia de representatividad de las instituciones mexicanas, de su falta de comprensión respecto de las víctimas y la enorme diversidad de conflictos que tal grupo representa y de la debilidad institucional que existe. Pero también de la responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil. Por ello, me postulé para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al considerar que cumplo con el perfil necesario para participar en esa idea de atención y reconstrucción de lo que llamamos México.
Jorge Verástegui González 