Hoy se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, un delito que cuando es perpetrado de forma generalizada o sistemática se considera un delito de lesa humanidad.
En México existe un número indeterminado de personas de las cuales su paradero se desconoce a consecuencia de ser víctimas de una conducta criminal consistente en la privación de la libertad por sujetos que cuentan con el apoyo o la omisión de los gobiernos estatales y el federal.
Coahuila se ha convertido en un ejemplo de la práctica de la desaparición de personas y de una estrategia de simulación enmarcada desde un discurso de derechos humanos. Un discurso formado por letras y palabras pero carente de hechos concretos y ausente de una verdadera voluntad política.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) da cuenta que en Coahuila se tiene reportada la desaparición de 1,480 personas; De las cuales 65 se encuentran en el fuero federal y 1,415 en el fuero común.
Pero cuando se pregunta al gobierno de Coahuila cuántas de las 1,480 personas registradas en el RNPED son a consecuencia de la comisión de un delito, es decir, si fueron víctimas de una acción criminal, el gobierno de Coahuila dice no tener la información al no hacer diferencia entre personas desaparecidas por un hecho catalogado como delito o por la ausencia voluntaria o el extravío de ésta.
En Coahuila, el gobierno del discurso de los derechos humanos, no hace una distinción que sin duda es fundamental para la investigación penal y sobre todo para facilitar la búsqueda de aquellas personas sometidas a desaparición. La pregunta que surge es ¿por qué no lo hace?
La respuesta puede formularse a partir de una realidad innegable: la responsabilidad que tuvieron los servidores públicos de alto nivel del gobierno de Coahuila en la comisión u omisión de los hechos.
Quienes sabemos del tema entendemos que una investigación criminal seguida por desaparición forzada implica no solo “descubrir” y sancionar a las personas que detuvieron o privaron de la libertad a la víctima desaparecida sino también a todas aquellas personas que desde la estructura institucional facilitaron esas conductas o incluso dieron la orden de hacerlo.
Puede ser que las implicaciones de realizar una verdadera investigación sean tan graves para quienes ostentan el poder que el gobierno de Coahuila ha optado por la simulación como plan estratégico y prioritario de gobierno.
Esas complicaciones que se traducen es acciones criminales son las que hoy impiden hablar de justicia o, para ser más benévolo, de procesos penales efectivos. Quizás esa es la razón por la cual desde la tipificación del tipo penal de desaparición forzada (2012) a la fecha solo existen dos procesos penales con nueve personas señaladas como presuntos responsables por ese delito.
Esperar una respuesta efectiva del gobierno de Coahuila, a menos de dos años de terminar la actual administración, no es más que ingenuidad que cuando va acompañada de silencio permisivo deja de ser ingenuidad para convertirse en cómplice.
Por ello y ante la realidad innegable que vivimos en México, el silencio se convierte en un cómplice que ayuda a mantener desaparecidas a miles de personas. La denuncia pública se convierte hoy en un instrumento de resistencia y dignidad, la esperanza de volver a verles, de no sucumbir ante la desaparición, de poder decir con dignidad: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Jorge Verástegui González 