Parras, Coahuila; a 23 enero 2016
El 24 de enero de hace siete años, en Parras, Coahuila, fueron desaparecidos de manera forzada Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo en manos de sujetos armados que operaban al menos con la tolerancia de las policías Municipal y del Estado, desde ese momento no los volvimos a ver.
Esos años han servido para ratificar la impunidad imperante en Coahuila. La ausencia de un compromiso real por procurar justicia. La realidad de poder sobrevivir con la ausencia forzada de dos seres queridos. Pero sobre todo de la permanencia, pese a todo, de volverlos a tener de regreso en casa.
Las reuniones mensuales con el entonces Fiscal General del Estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, después con el Gobernador en turno, Humberto Moreira Valdés (ahora sujeto a un proceso penal por presuntas acciones criminales), las tortuosas e infructuosas reuniones con los Ministerios Públicos, han tenido un mismo resultado: la no presentación con vida de nuestros familiares.
La responsabilidad institucional del Gobierno del estado de Coahuila permanece en el tiempo, pero también la de personas como Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López (también sujeto a un proceso penal por presuntas acciones criminales) y ahora de Rubén Ignacio Moreira Valdés, que al menos han omitido garantizar un acceso real a la justicia.
Lejos de encontrar una acción en favor de la justicia hemos tenido que enfrentar las acciones del Ministerio Público (MP) que, sin profesionalismo y ausente de ética, ha presentado hipótesis sin sustento para cerrar el caso. Acción encabezada por el actual titular de la Subprocuraduría de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, y con la mirada tolerante del Gobernador. Situación que obligó a la intervención del Grupo Autónomo de Trabajo y de la Comisión Ejecutividad de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila, que desestimaron las infundadas acciones del MP y lo obligaron a tomar en cuenta las planteadas por la familia desde el inicio de la investigación en las que se apunta a la responsabilidad del Estado en la desaparición.
Por ello, hoy más que nunca confiamos en la justicia internacional, no solo por los recientes acontecimientos sino porque después de 4 años de la actual administración estatal, en la que no teníamos confianza, es evidente que en Coahuila solo se procura impunidad que se disfraza de un discurso de derechos humanos, y la que federación por su parte tolerando las graves omisiones de la autoridad local.
Han pasado siete años, difícil de escribir, pronunciar y vivir, pero no ha pasado la esperanza de un día tener a Antonio y Antonio de Jesús de regreso en casa. Mientras tanto, y a pesar de las circunstancias de impunidad, seguiremos exigiendo su presentación con vida y seguiremos nombrándolos para hacerlos presentes.
Fam. Verástegui González